El ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, sostuvo que el gobierno está dispuesto a promover las inversiones mineras en todo el país y destrabar los proyectos mineros que ya tienen autorización, para que se inicien en el tiempo más breve posible siempre en cuando cumplan con la aceptación de las comunidades de sus áreas de influencia.
“Nosotros hemos participado en un evento con inversionistas chinos y ahí hemos explicado que nosotros vamos a promover que las inversiones mineras se desarrollen en un ambiente de confianza y que en la medida que los proyectos tengan aceptación social van a poder desarrollarse en un tiempo corto.”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Subrayó que el Estado tiene que ser una entidad garante, un árbitro que garantice que las empresas cumplan con las normas ambientales y sociales y coordinar con los gobiernos locales y otros sectores para que las brechas se vayan resolviendo. “La idea no es que en algún momento la empresa se quede sola, el problema es que no ha habido una articulación entre todos los sectores para resolver sus demandas”, destacó.
“Hay un proyecto que ya está avanzando con la etapa final, se va a realizar la consulta previa y ya va a estar listo para empezar el próximo año. Sabemos que el proyecto Yanacocha Sulfuros también está encaminado y lo más probable es que la empresa tome la decisión de comenzar el próximo año. Tenemos el proyecto Corani de Puno, que tiene todos los permisos aprobados y está evaluando el tema financiero. Hemos tenido conversaciones con la empresa y nos han dicho que al final del año van a tomar una decisión”, enfatizó.
“También hay los proyectos que están en construcción ahora que son Quellaveco, en Moquegua; Mina Justa, en Marcona y la ampliación Toromocho. Lo que sucede con Quellaveco es lo que está pasando con todos los proyectos, llegar al óptimo de personal está tomando tiempo. Quellaveco no es que haya parado, está retomando paulatinamente el nivel de construcción. Necesitamos como Gobierno estar presente en Moquegua para explicar y comunicar junto con la empresa cómo va el avance del proyecto”, agregó.
Explicó que “Quellaveco tiene planeado, de acuerdo a su cronograma, concluir la construcción de la mina y empezar a operar en el 2022”. “El mejor tiempo óptimo es el que pueda garantizar el combate contra la pandemia. Por eso es que La empresa nos ha informado que tiene controles estrictos sobre el ingreso y está monitoreando a sus trabajadores. Como Gobierno, ya lo dijo el presidente y el premier, primero está la salud y ese es el enfoque que estamos transmitiendo a todas las nuevas inversiones que se están desarrollando en el país”, afirmó.
“Con el Corredor Minero del Sur ahí el Gobierno ha confirmado el alto comisionado para el dialogo y ahí está la representante Paola Bustamante, ella coordina con nosotros y tiene reuniones periódicas con las empresas y la idea es articular fuertemente el desarrollo de las mesas que están establecidas y coordinar con las empresas para cumplir con los compromisos. El Estado también tiene compromisos que también estamos monitoreando. Por otro lado, existen compromisos en todo el corredor que estamos evaluando para que apunten al cierre de brechas”, precisó.
Gestión intersectorial
Incháustegui señaló que “el Gobierno definió el 2018 cinco ejes, uno de esos ejes es el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”. “Y sobre ese eje es que el Ministerio de Energía y Minas tiene definido un norte y una visión, que es tener un círculo virtuoso del aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos. En esa línea queremos enfocarnos en los proyectos mineros que tengan aceptación social”, indicó.
Expresó que “cuánto más cooperación haya entre todos los actores, que están relacionados a una actividad minera y energética, los conflictos se reducen y se genera desarrollo sostenible”. “Esa mayor cooperación tiene que partir sobre la construcción y generación de confianza, pero vemos que eso, en todo este tiempo, por diversas razones se está perdiendo entre los actores”, apuntó.
“Frente a esto, queremos instalar los comités de gestión intersectorial. La idea es estar en las regiones, con los gobernadores, los alcaldes y las autoridades comunales para reflexionar como la actividad minera puede desarrollarse. No esperar a que se generen los conflictos, sino estar ahí para explicar las normas y las posibilidades de articulación con otros sectores del Estado”, dijo.
Aseveró que el ministerio tiene una oficina de gestión social que se está fortaleciendo para estar presente en las regiones, acompañar los procesos de exploración y llevar adelante las consultas previas, las que, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Cultura, se implementen en el tiempo más óptimo posible. “Eso pasa por un esfuerzo entre los sectores del Gobierno, con la empresa privada y las comunidades”, anotó.
Respecto a las recomendaciones planteadas por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que se instaló en octubre del año pasado y que dio a conocer sus conclusiones en febrero de este año, dijo que se asumió el compromiso de revisar e implementarlas en el más breve plazo.
“Buscamos que la minería genere desarrollo en su entorno y que ayude a reducir las brechas”. “El responsable de reducir esas brechas es el Gobierno, pero en realidad falta capacidad técnica. El Gobierno no puede estar presente en todas las zonas al mismo tiempo y lo que debe haber es un esfuerzo de cooperación y de articulación con otros sectores sociales”, señaló.
Destacó que el sector privado hace esfuerzos para atender demandas en varias regiones del país. “Por ejemplo, en Áncash tenemos a Antamina, en Cajamarca a Yanacocha, en Arequipa a Cerro Verde, que hacen más de lo que les corresponde, buscan la cooperación, van y coordinan con los gobiernos regionales, con los alcaldes, saben que ellos tienen los recursos y les dan asistencia para que los usen correctamente para reducir las brechas. El Estado va a facilitar esa cooperación”, subrayó.
Convenios marco
Remarcó que “hay convenios marco en varias zonas alrededor de las empresas mineras, sobre todo en el sur, y lo que se necesita es sentarse nuevamente todos los actores, recuperar la confianza y definir los proyectos, en qué plazos se pueden realizar y con qué recursos se pueden hacer”.
“Por diversas razones, se está perdiendo la confianza, las reuniones no son permanentes, no hay una definición de un desarrollo concertado en las zonas donde están los proyectos, lo que se debe buscar no son temas de coyuntura, sino temas de desarrollo sostenible”, anotó.
En cuanto a los proyectos de exploración explicó que cuando se van a hacer perforaciones, se necesitan convenios iniciales con las comunidades. Ahí lo que sucede es que el negocio de la minería y de los hidrocarburos es de alto riesgo y lo que el Estado está haciendo son talleres informativos para informar a las comunidades que no necesariamente cuando una empresa tiene una concesión y va a iniciar una exploración, significa que allí hay una mina y que de cada cien proyectos de exploración, una se convierte en mina después de varios años de trabajo”, dijo.
RCR
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