¿Represión ?
Enfrentados están los poderes Legislativo y Ejecutivo con la llamada Ley Mordaza. El Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnarla.
Junto al Poder Ejecutivo, diversas asociaciones nacionales vinculadas a los medios de comunicación se han manifestado en contra de la llamada Ley Mordaza, por considerar que esta vulnera los derechos fundamentales de la persona a la libre expresión.
El Congreso alega que busca frenar el despilfarro de recursos que realiza el Estado al contratar medios de comunicación privados para informar acerca de sus campañas, logros y demás noticias que consideran de interés público. Para la mayoría de Fuerza Popular y algunos otros congresistas, el Estado tiene acceso a las redes sociales y a medios públicos para comunicar sus noticias y no necesita gastar en el sector privado.
Sin embargo, habría otros intereses detrás de esta prohibición. Para Rodrigo Villarán, director del Consejo de la Prensa Peruana, la ley “lejos de cuidar los recursos públicos del Estado, lo que busca es activar un mecanismo de censura indirecta”. No solo perjudica al Estado en su deber de informar sobre sus acciones, sino que afecta la capacidad fiscalizadora de la población, al limitar notablemente la información sobre el actuar del Gobierno.
Prohibir al Estado usar los medios de comunicación privados es una medida extrema que promueve la oposición y, en esas circunstancias, adquiere una connotación controlista y represiva que afecta la capacidad de gestión del Ejecutivo.
Ante los hechos surge la pregunta sobre cómo esta ley afectará la próxima jornada electoral del 7 de octubre, especialmente al interior del país, donde muchos de los candidatos usan los recursos del Estado para sus campañas en los medios privados. ¿Se generarán más medios de control y fiscalización para evitar el mal uso de los bienes del Estado?
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