Ranking. Estas regiones ocupan el segundo y tercer lugar a nivel nacional con servidores sancionados por la Contraloría por cometer faltas graves y muy graves en la administración pública.
Un último reporte de la Contraloría General de la República (GCR) precisó que entre el período de enero a julio de 2018 se inhabilitó o suspendió a más de mil funcionarios o servidores públicos para trabajar con el Estado por cometer infracciones graves o muy graves. En el ranking, las regiones de Cajamarca y Lambayeque se ubican en el segundo y tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de entidades con trabajadores inmersos en esta situación.
Conforme al balance, después de Lima con 171 funcionarios, está Cajamarca con 90, Lambayeque con 76, Tumbes con 63 y Piura con 31 inhabilitados. Es preciso señalar que 49 servidores cuentan con dos o más sanciones administrativas.
Las sanciones impuestas van de 30 a 360 días de suspensión e inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
El gerente regional de la Contraloría en Lambayeque, Walther Coello, ofició a los titulares de las entidades públicas del país para ejecutar de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.
En la región Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Chiclayo encabeza la lista con 20 sancionados y aparece en la lista nacional, le sigue el Gobierno Regional de Lambayeque con 11 y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) con 11, y otras entidades.
Mientras en la región Tumbes están el Gobierno Regional de Tumbes con 28 casos y el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, con 25.
Los casos
En la lista de entidades lambayecanas no solo figuran el ente regional y la comuna chiclayana, sino también el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT), la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh), las municipalidades distritales de La Victoria y Olmos, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y otras.
Entre los nombres que consigna la Contraloría está José Yarlaqué Cabrera, exfuncionario de la gestión del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.
Yarlaqué tiene tres sanciones por falta muy grave, dos de cuatro años y una de tres años de inhabilitación.
Asimismo se menciona al ex subgerente de Tesorería de la MPCh, Juan Carlos Torres Oballe, con dos años de inhabilitación; a José Miguel Vásquez Mendoza, exgerente de Epsel con cinco años de inhabilitación por falta muy grave.
Otro de los sancionados es Ángel Liza Chafloque, del GRL; Carlos Cornejo Reyes, de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, quien fue inhabilitado tres años; Dante Failoc Piscoya, con dos años de inhabilitación; así como los servidores de la municipalidad de Olmos José Odar Inoquio y Javier Roque Antón, con dos años de inhabilitación respectivamente.
Cajamarca
En el registro de sancionados en la región Cajamarca se encuentra José Barboza Fustamante, funcionario de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, con cinco años de inhabilitación por falta muy grave.
Igualmente, Jesús Carmona Mantilla, funcionario de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, fue inhabilitado cuatro años por la Contraloría; José Boñón Faichin, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con dos años de inhabilitación para ejercer función pública.
Respecto a la región Piura se menciona a José Palacios, servidor del Gobierno Regional de Piura, con dos años de inhabilitación; José Cruz, de la Red Asistencial de EsSalud, a quien se le aplicó 240 días de suspensión; y Julio Sánchez, de la Red Asistencial de La Libertad.
GLR
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