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| 2014: Santos ganó elecciones de Cajamarca desde prisión |
Propuesta. Congreso evaluará propuesta que busca ser aplicada en las elecciones regionales y municipales de 2018. Expertos precisan que iniciativa define el derecho de la colectividad. Postulación de Gregorio Santos se convirtió en referente.
Una de las principales propuestas sobre reforma electoral, de cara a las elecciones regionales y municipales de 2018, es la de impedir que personas sentenciadas o con prisión preventiva por corrupción y otros delitos graves aspiren a un cargo de elección popular.
Esta iniciativa ha surgido del grupo de trabajo que lideró la congresista Patricia Donayre y que cuenta con el respaldado del Poder Ejecutivo y diversas asociaciones civiles.
De acuerdo a su texto sobre Código Electoral, en el inciso e) del artículo 51 “Impedimentos generales para postular como candidatos”, se precisa lo siguiente: “Los que tengan sentencia condenatoria de segunda instancia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, o prisión preventiva por la comisión de delitos (no podrán postular)”.
La propuesta también enfatiza que la “interposición de medios impugnatorios o de recursos ordinarios o extraordinarios al interior del proceso penal, no suspenden el impedimento”.
Casos en el Perú
Patricia Donayre comenta que durante la discusión de la iniciativa se tomó como referente el caso de Gregorio Santos, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple.
El año 2014, Santos postuló y ganó las elecciones regionales en Cajamarca (su segundo periodo), pese a que se encontraba con prisión preventiva desde mayo de ese año.
Desde la cárcel, situación en la que se encontró hasta julio de 2016, también se presentó a la elecciones presidenciales de 2016.
“No es posible que una persona investigada por delitos graves como corrupción, por ejemplo, quiera aspirar a un cargo político. Es incongruente, pero actualmente la ley lo permite”, refiere la legisladora Donayre.
Pero hay otros casos relevantes de ex autoridades que, de no aprobarse este cambio, podrían volver a ocupar cargos públicos. Entre ellos están los ex gobernadores regionales de Áncash, César Álvarez y de Cusco, Jorge Acurio.
Álvarez afronta una prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio hasta mayo de 2018. Mientras que Acurio se encuentra detenido por lavado de activos y tráfico de influencias.
A ellos se suman Félix Moreno, Alex Kouri, del Callao; Gerardo Viñas, de Tumbes, y otras ex autoridades regionales y municipales.
Hay consenso
Esta medida podría ser una de la primeras iniciativas aprobadas en el marco de reforma electoral. Congresistas de las seis bancadas parlamentarias han mostrado su aprobación.
El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, manifestó que este impedimento busca erradicar la corrupción de las instituciones estatales.
También ha recibido el respaldo de Gilbert Violeta (PPK), Marisol Espinoza (APP), Javier Velásquez (Apra) y Zacarías Lapa (Frente Amplio).
Pero el tema también ha generado algunas dudas por si este impedimento vulnera los derechos de aquellos que, pese a tener prisión preventiva, no han sido sentenciados.
El abogado penalista Carlos Caro explica que si bien el fundamento siempre es la presunción de inocencia, la medida no solo se refiere a derechos individuales sino que va de la mano con el sistema democrático.
“La participación electoral de un procesado con prisión preventiva o prófugo de la justicia o sentenciado es incompatible con el sistema democrático”, enfatiza.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Transparencia, Gerardo Távara, considera que esta propuesta no vulnera los derechos de las personas.
“Nosotros hemos sostenido que hay argumentos para ponderar derechos y ahí se está protegiendo el derecho de la colectividad”, indica.
Datos
Este martes, el presidente de la comisión de Constitución, Miguel Torres, debería informar sobre la agenda de debate con respecto a las propuestas de reforma electoral.
Cabe precisar que el trabajo del grupo especial que presidió Donayre fue considerado por la comisión de Constitución como un “insumo” y no como un predictamen.
Fuente: La República
Fuente: La República
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