La Autoridad Nacional del Agua (ANA), realizó un estudio técnico y elevó un informe en el que señala que la represa de Aguas Coloradas en el caserío de Tranca de Pújupe, distrito de Hualgayoc, Cajamarca, no está contaminada por ninguna actividad minera.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realiza inspección técnica en el proyecto de exploración Anta Norte, en el Sinchao, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc y concluye que no hay problemas de contaminación y que las actividades se realizan de acuerdo a las normas ambientales.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) visita la zona y tampoco encuentra nada irregular. Los máximos organismos técnicos se pronuncian y concluyen que no hay nada irregular. Sin embargo, aparecen dirigentes cuestionados por casos de corrupción, bajo la protección de una ONG como Grufides, que tiene el poder de ser dirigido por un asesor del presidente Pedro Castillo y por la titular, nada menos, de la PCM, según denuncian medios locales, y simplemente pisotean los informes técnicos del Estado.
Salen y mienten a voz en cuello, acusan con falsedades y bajo amenazas de cortarles el agua, multarles y, en último caso, agredirles, obligan a pobladores plegarse a un paro que ante la falta de apoyo de las organizaciones sociales del entorno del proyecto y de los pobladores del distrito de Chugur, llevan gente de otros de otros lugares.
Qué hacen las autoridades frente a estos hechos que rayan en lo delictivo, pues asisten a reuniones con los promotores de estas medidas radicales, supuestamente para fomentar el diálogo, pero a espaldas de uno de los actores centrales como es la empresa, a la que no convocan.
La presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, convoca, muy oportunamente y en plena emergencia sanitaria (en política no hay casualidades), a una reunión presencial en Lima, a dirigentes y algunas organizaciones de Hualgayoc, casi ninguna de Chugur. Lo hace en momentos que el paro promovido por Grufides no tiene ninguna acogida y solo congrega a menos de 30 personas. En esa reunión cita, mediante oficio, a los ministros de Salud, de Vivienda, de Ambiente y de Energía y Minas, así como funcionarios de organismos técnicos.
Uno de esos funcionarios repite, sin que se le mueva una pestaña a la premier, el mismo discurso que ella diera en Ayacucho, donde anunció que no se ampliarían los permisos a cuatro proyectos mineros, aunque luego dijo que no era así. Pues eso mismo ha repetido, línea por línea, un funcionario al referirse al proyecto Anta Norte en Cajamarca. No importa si los organismos técnicos del estado como la OEFA o la ANA hayan precisado que no existe ningún problema de contaminación generado por ese proyecto.
Es decir, los propios representantes del Estado, son partícipes de métodos arbitrarios para atenderé agendas particulares y son incapaces de poner por delante los informes técnicos de las instituciones de fiscalización y regulación ambiental para garantizar la actividad minera formal y por el contrario tratan de desconocerlos y, en la práctica, alientan a grupos que promueven la manipulación de grupos con clara orientación política e ideológica para destruir la minería.
El mismo Estado que ha concedido autorizaciones tras una rigurosa evaluación técnica y normativa para que las empresas inviertan y desarrollen sus actividades exploratorias o de explotación, ahora se colude con cuestionados dirigentes que atacan a la propiedad pública y privada, a los proyectos de inversión y violan los derechos elementales de los pobladores para obligarlos y someterlos a acatar un paro a vista y paciencia de las autoridades. Es el Estado al revés.
Fuente: El Bambacho
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