Nora Loredo, integrante de la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana, dijo que los partidos políticos han contratado empresas fantasmas o a personas que no cumplen los perfiles para las labores que supuestamente tienen que realizar. Señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) debe investigar esta seria deficiencia en el uso del financiamiento público que reciben los partidos para su institucionalización.
“Hemos encontrado es que se contratan empresas que no existen, empresas fantasmas. Empresas, por ejemplo, a las que se les ha dado medio millón de soles para capacitación y cuando nosotros hemos sido a la empresa a entrevistar a la gente, resulta que era una cochera con las puertas abiertas donde se hacen fotocopias”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
También, señaló, por ejemplo, que el partido Somos Perú contrató a una empresa, por 950 mil soles, casi un millón de soles, para dar capacitaciones. “Cuando nosotros hemos ido a buscar a la empresa o hemos revisado el RUC de la empresa, es una empresa dedicada al rubro de publicidad”, indicó
“Hemos encontrado que los partidos, por ejemplo, contratan servicios de personas que no tienen el perfil necesario, para cubrir el puesto que dicen que van a cumplir. Por ejemplo, se contrata a una persona para que se ocupe de temas informáticos en el partido y sin embargo se ve a esta persona quién es y esa persona no tiene ninguna ningún expertise en informática”, afirmó.
Informó que el Estado ha otorgado a los partidos 77 millones de soles para el quinquenio 2021-2026. “Se les hado de acuerdo al voto que han sacado. Por ejemplo, Perú Posible tiene un monto de más de 10 millones de soles asignados para este quinquenio. Después viene Fuerza Popular que tiene 9 millones y medio, después Renovación Popular con 9 millones, Acción Popular y así hasta que se llega al Partido Morado, que tiene como 6 millones de soles”, subrayó.
Remarcó que los partidos no utilizan los recursos de manera adecuada. “La mitad de este financiamiento debe estar dedicado a el funcionamiento del partido, alquilar locales, comprar computadoras, adquirir servicios de terceros, comprar todo lo necesario, se puede comprar inclusive vehículos. El otro 50% es para capacitar a los militantes en temas políticos, sociales, económicos, que realmente les sirva para que el día de mañana sean buenos políticos y buenos congresistas y buenos funcionarios del Estado”, precisó.
Sostuvo que los partidos que entran al Congreso tienen el derecho a tener un financiamiento público que les da el Estado de acuerdo al porcentaje de votos que sacan. “En el año y medio, que tenemos este proyecto financiado por la National Endowment for Democracy de Estados Unidos, hemos monitoreado los informes de ejecución que están colgados en una web de la ONPE que se llama Claridad. En esta página están colgados todos los informes de los partidos y los informes que después saca la ONPE dando su punto de vista sobre ello”, apuntó.
Enfatizó que la Onpe tiene que investigar si los partidos han cometido una ilegalidad en el uso del financiamiento que reciben del Estado. “Hemos encontrado serias deficiencias en la ejecución de este dinero público, porque el dinero que se les da tiene un objetivo concreto que es que los partidos se conviertan en partidos nacionales, institucionalizados, que funcionen y que perduren en el tiempo, que no estén desapareciendo cada cinco años y volviendo a formarse otros”, observó.
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