La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso un conjunto de medidas en materia de integridad pública, para orientar la correcta y eficiente actuación de los servidores públicos y entidades de la administración pública.
Las medidas, contenidas en el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, forman parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción, que buscan la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y el buen gobierno.
Señala que los principios que regirán la actuación de los servidores y de las entidades públicas serán 11: transparencia, corrección, probidad, respeto, veracidad, igualdad, objetividad, rendición de cuentas, participación, prevención y neutralidad.
Mecanismos
También establece mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública, para la implementación del control interno y la promoción de acciones de prevención y lucha contra la corrupción.
Se trata de códigos y cartas de buena conducta administrativa; mecanismos de seguimiento de integridad pública; programa de integridad; lineamientos para elaboración de informes de rendición de cuentas. También el registro de gestión de intereses; guía para el manejo de gestión de intereses; lineamientos para la gestión de conflictos de intereses; declaración jurada de intereses; mecanismos de reporte de denuncias y otros que persigan fines sustentados en la ética.
Por medio del decreto también se aprueba la fusión por absorción del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en la PCM. “Toda referencia normativa a las competencias, funciones y atribuciones que viene ejerciendo el órgano denominado Coordinación General de la CAN, una vez concluido el proceso de fusión, se entiende como efectuada a la Secretaría de Integridad Pública a la que se refiere el artículo 8”, detalla.
Alcance
Las entidades públicas comprendidas en la norma son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, los organismos a los que la Constitución Política y las leyes confieren autonomía.
Crean secretaría
Por medio de la norma, se crea la Secretaría de Integridad Pública en la PCM como órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Además deberá desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción, con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores y entidades públicas en la lucha anticorrupción.
Las entidades coordinan y, de corresponder, requieren la opinión de la Secretaría de Integridad Pública en aquellos asuntos de su competencia que se vinculen con la prevención y gestión de riesgos de la corrupción.
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