El defensor Walter Gutiérrez presentó los resultados de un estudio realizado en más de 600 farmacias del país y comentó que es responsabilidad del Estado garantizar accesibilidad económica.
La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las farmacias públicas y privadas en diversas zonas del país y determinó que los habitantes de la sierra son quienes pagan más por adquirir medicamentos, lo cual afecta su derecho fundamental a la salud.
Según informó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, la supervisión tuvo como objetivo determinar la disponibilidad y accesibilidad de tres medicamentos de uso común como son el ciprofloxacino (antibiótico contra la neumonía y otras infecciones), Amoxicilina (antibiótico usado principalmente en niños y mujeres embarazadas) y Salbutamol (broncodilatador para el tratamiento de enfermedades respiratorias).
Diferencia de precios
La supervisión demostró que en el caso de la amoxicilina el jarabe genérico puede encontrarse en farmacias privadas de Huánuco desde S/2.5 hasta los S/18.5. Mientras que el Salbutamol en inhalador puede encontrarse hasta en más de 4 veces su valor en farmacias privadas de Cajamarca.
Precisaron que la variabilidad de precios se da también en las farmacias públicas, donde constataron que el ciprofloxacino genérico se vendía a S/1,10 en Piura, mientras que en Madre de Dios cuesta S/0,22. En el caso de la amoxicilina jarabe, esta cuesta S/1,10 en Loreto y S/4,80 en Piura, mientras que salbutamol inhalador cuesta s/ 3,60 en Loreto y en Lambayeque S/ 7,38.
También se determinó que actualmente el 3% de las farmacias públicas no cuentan con ciprofloxacino y salbutamol. Sin embargo, estas medicinas pueden hallarse en establecimientos privados hasta en 3 veces su precio original y si se trata de un producto de marca puede costar hasta 10 veces su valor.
Control y responsabilidades
Al respecto, el Defensor comentó que en Perú no existe una norma que establezca la obligatoriedad de contar con un stock mínimo de genéricos esenciales en las farmacias y boticas privadas. Agregó que el Parlamento debería tomar carta en el asunto y pidió que se realicen supervisiones continuas y de ser necesario se sancione.
El defensor comentó que es responsabilidad del Estado garantizar la disponibilidad y accesibilidad económica de los medicamentos, debido a que se deben priorizar para la recuperación y conservación de la salud.
Rpp
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