Próximas leyes. Ministerio de Justicia modificará Código Penal para elevar penas a los funcionarios públicos corruptos. Además, incentivará y protegerá a los denunciantes.
Como parte de las facultades otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, preparará un paquete de normas para incrementar las penas a las personas condenadas por delitos contra la administración pública, las cuales, incluso, contemplarían que no se les permita volver a trabajar en el Estado. Esto se hará a través de la modificación de artículos del Código Penal.
Con el dictamen aprobado por el Congreso, el Ejecutivo tiene facultades para dictar "medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios".
Actualmente, la inhabilitación para un funcionario que comete delitos contra la administración pública es de cinco años.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha planteado que se les inhabilite por el doble o triple de la pena, de acuerdo con el principio jurídico de la ponderación de bienes.
Sin embargo, estas penas también llegarían a la imposibilidad de que dichos funcionarios sancionados por delitos graves vuelvan a laborar en el Estado, lo que se denomina "muerte civil".
Como se recuerda, durante su campaña electoral el presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció mecanismos, precisamente como la "muerte civil", para todos los que hayan sido condenados por corrupción.
Protección a denuncias
En el marco de esta lucha contra la corrupción, el Ministerio de Justicia también prepara normas con mecanismos para facilitar que cualquier ciudadano pueda denunciar actos de corrupción.
Dichos mecanismos harán posible que las denuncias por estos casos se hagan de manera segura. Esto comprenderá protección e incentivos a quienes revelen estos actos de corrupción.
De esta manera, se generaría un sistema similar al implementado actualmente por el Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, adelantó este cambio en la política de lucha contra la corrupción cuando días atrás sustentó las facultades legislativas vinculadas a su sector ante el Congreso.
Respecto a estas medidas, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que en caso de los delitos graves de corrupción en el sector público, estos deberían ser castigados con el impedimento para que esa persona vuelva a laborar en el Estado.
"Eso no atentaría contra los derechos constitucionales de los procesados, pues habría proporcionalidad entre la pena y el delito cometido. La pena debe ser en función al grado del delito, no se puede poner en el mismo saco a todos", acotó.
Albán también destacó la propuesta de estímulos y protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, pues se ha tenido una experiencia positiva similar en la lucha contra al criminalidad. Indicó que lo más importante es obtener información relevante y proteger a los denunciantes.
Sancionados
El Ministerio de Justicia también alistará una norma para crear un registro nacional de abogados sancionados por comportamiento irregular.
Con esta medida, se evitará que los profesionales del derecho que cometan delitos en cualquier jurisdicción del país migren a otro distrito judicial.
Fuente; La República
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