El exviceministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, dijo que hay una preocupación de los inversionistas mineros, nacionales y extranjeros, por la situación política y social del país. Indicó que el Gobierno debe promover que las inversiones mineras se realicen de forma correcta y apoyando a su entorno.
“La cartera es muy interesante, pero lo que sí vemos es una es una reducción en los proyectos mineros. Lo que también vemos creo yo es una preocupación de los inversionistas nacionales y extranjeros de cómo está la situación política y social. Yo creo que también es visto de que la economía en el Perú estaría aún con resultados más negativos si es que no fuera por la minería”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que el Gobierno debe impulsar los proyectos mineros ayudando a los entornos. “Lo que tenemos alentar es que, si tenemos una cartera importante de proyectos, cómo hacer para que estos sean realizados en forma correcta y ayudando a su entorno. Yo no veo otra mejor forma que promover un diálogo entre los actores para ver una solución en el mediano y largo plazo. Hay proyectos que, por ejemplo, con un diálogo y con una construcción de confianza se podrían retomar”, expresó.
“Tienes proyectos como en caso del sur, tienes a Tía María, que en todo caso la empresa y el gobierno podría de alguna forma iniciar un diálogo y definir de una vez, va o no va, pero para eso se necesita construir confianza, se necesita ver las posibilidades de generar un desarrollo alrededor en un tiempo más óptimo”, indicó.
También manifestó que hay que reconocer que el Estado está haciendo todo un esfuerzo para que los proyectos se aprueben en un tiempo prudente. “También hay decisiones que tienen que ver con temas de inversión y decisiones que tienen que ver con situaciones de técnicas de los proyectos que hacen que se estén demorando”, afirmó.
Recordó, además que el 2018 se generó el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay), para generar consensos respecto a las prioridades para el desarrollo integral y sostenible de las regiones. “Eso se creó el 2018 y han pasado varios ministros y varios gobiernos y todavía se mantiene ese espíritu de llegar a acuerdos entre representantes de la sociedad civil, ONG ambientalistas, empresas mineras y gobierno”, apuntó.
“Este tipo de espacio es el que hay que reflotar. En el caso puntual de la permisología, cualquier iniciativa de mejora tiene que estar basado en un diálogo entre todos los actores y no solamente enfocarnos en reducir los plazos, pensando que con eso se va a dar una solución. También yo lo que invoco es a reflexionar sobre cualquier posibilidad de unir instituciones o de mejorarlas con más equipo profesional”, subrayó.
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